En aquellas zonas en las que desde el año 2000 se apostó por la modernización como una línea de trabajo prioritaria nos hemos encontrado con no pocos problemas. La mayor parte de ellos tienen que ver con la carencia de un marco legal adecuado que regule la modernización de regadíos.

Resumimos a modo de decálogo algunas cuestiones fundamentales, que desde la experiencia de Riegos del Alto Aragón, con 70.000 hectáreas en modernización, han supuesto dificultades para el avance de la modernización y otras que en un futuro próximo deberían tener un marco legal de referencia:

1. La modernización depende de la voluntad colectiva y a priori hay que decir que es muy difícil que se produzca cuando entre los usuarios hay disparidad de situaciones, el interés general público, depende en materia de toma de decisiones en exceso de intereses o circunstancias particulares.
2. Los usuarios obligados por el proyecto de modernización son los titulares de las fincas regables, sin que aparezcan como beneficiarios los industriales, abastecimientos, explotaciones ganaderas, etc..
3. En no pocas comunidades y para agilizar ha sido necesario recurrir a la expropiación forzosa. Esto ha supuesto la necesidad de pagar en concepto de expropiación a aquellos propietarios contrarios a la modernización, mientras que los favorables aportan el terreno necesario sin compensación. En caso de compra de terrenos, se esta exigiendo el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales a las Comunidades, sin tener en cuenta que se trata de terrenos que se ceden a SEIASA para obras de interés general, y que la puesta a disposición de los terrenos viene exigida en los convenios.
4. Dependiendo de quien haya ejecutado las obras de modernización (Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad Autónoma o SEIASA) coexistirán obras que serán de dominio público, entregadas en propiedad a la Comunidad beneficiaria o propiedad de SEIASA y las competencias de las Comunidades estarán más o menos condicionadas.
5. Al pasarse a riego a presión deben eliminarse muchos ribazos que catastralmente están calificados como regadío. En esta situación la falta de desarrollo reglamentario da lugar a variedad de situaciones que pueden condicionar el éxito de la modernización. Es frecuente que los proyectos de modernización se acompasen de concentraciones parcelarias que necesariamente suponen un movimiento de tierras y no tiene sentido que una Comunidad Autónoma informe favorablemente un proyecto de modernización para su declaración de interés general y luego ponga trabas en su ejecución.
6. Las acequias construidas por el MIMAM están sujetas a tarifas de utilización del agua que pagan todos los usuarios del Sistema y no sólo los que por ellas riegan, luego lo que se haga con proyectos de modernización afecta a todo el Sistema que gestiona la Comunidad General. Y dentro del Sistema debe procurarse que todos los usuarios, sin excepción, puedan recibir un servicio de calidad. Pero ¿qué hacer en caso de impagados? En este sentido lo que más preocupa a las Comunidades es la recaudación en vía ejecutiva, máxime cuando es la responsable ante las entidades prestamistas de un importante porcentaje del coste de las obras. Sería conveniente que se admitiera la recaudación a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bien por la vía de convenios específicos o mejor aún a través de un reconocimiento expreso con carácter general, por ley.
7. Una vez hechas las obras de modernización quedará pendiente su mantenimiento. Sería deseable que este se realice con respeto de lo que cada Comunidad pueda decidir con respecto a las modernizaciones realizadas por SEIASA, debiendo reconocerse la prioridad de estas para llevar la explotación de acuerdo con los protocolos que se pacten.
8. Puede darse el caso de Comunidades en que exista una parte con riego por aspersión y otra que no lo esté y habiéndose hecho aquella con cargo a sus beneficiarios deba hacerse el resto de la modernización con cargo a los nuevos beneficiarios, declarando las obras de interés parcial de la Comunidad. No debieran permitirse modernizaciones a la carta, de forma que exista una red de riego a presión para quienes deseen regar por aspersión y otra la tradicional de riego a pie, pues de hecho supondría que habría dos Comunidades en una misma zona regable.
9. En los grandes Sistemas existirán Comunidades participes con fuertes inversiones en modernización y ahorro de agua, y otras que seguirán con el Sistema tradicional. La incidencia que pueden tener los periodos de sequía con restricciones, en unas u otras Comunidades no será igual y es muy probable que se produzcan tensiones, que se evitarían con la aprobación de planes de aprovechamiento.
10. ¿Qué sucede si las obras se paralizan por discrepancias entre el contratista y SEIASA? Los regantes no pueden soportar grandes periodos sin producción, porque puede conducirles a la ruina más absoluta. No estamos en el caso de la modernización ante la típica obra pública que admite modificados y retrasos en su ejecución, pues aquellos encarecen la parte que soportan los usuarios con IVA incluido y los incumplimientos de los planes de obras tienen consecuencias económicas desastrosas.
    10. Deben adaptarse los estatutos a la situación producida por la ejecución de proyectos de modernización, en los que habrá que definirse las líneas principales en las que se basará la explotación.